Improcedente designación del Fiscal General del Estado de Guerrero.

Improcedente designación del Fiscal General del Estado de Guerrero.

mayo 21, 2018 Off By RojiCorp

Dada la opacidad en materia de transparencia, el Ejecutivo estatal y el Congreso, incumplieron los requisitos legales y formales, respecto a los plazos, designando a un inexperto en la materia.

Debido a los desaciertos y señalamiento social de ineficacia en su ramo, con motivo de la renuncia de Javier Ignacio Olea Peláez, el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, la LXI Legislatura de Guerrero, la misma que fallidamente lo designó, no escarmienta; porque en forma viciada lanzó la Convocatoria para el proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado, recepcionando las solicitudes del 27 de ese mes al 8 de mayo de ese año, (con excepción de los días 28, 29 y 30 de abril y 1° de mayo); es decir solo se contabilizan los días 31 de mayo y del 2 al 8: ocho días en total.

En la Base Tercera, en su fracción V., se estableció que el aspirante debería cumplir, contar (sic) con conocimientos especializados y con experiencia debidamente comprobados en el ámbito de su competencia; y VIII. No haber sido titular de ninguna dependencia, entidad organismo de la administración pública estatal o municipal, o representante popular federal o estatal, durante dos años previos a su elección.

Disposiciones enfáticas legales que incumplieron, tanto el gobernador Héctor Antonio Astudillo Astudillo Flores, como los integrantes de la sexagésima primera legislatura, no obstante que cuando tomaron protesta en sus encargos, juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ellas emanen, designando a un inexperto. Veamos:

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de ese Estado, al respecto señala:

Artículo 142. El Fiscal General durará en su encargo 6 años improrrogables.

  1. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Congreso del Estado, contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos al cargo previa convocatoria pública, aprobada por las dos terceras partes del total de sus miembros, que enviará al Gobernador del Estado, en un plazo no mayor de 10 días;
  2. Recibida la lista a que se refiere el numeral 1, dentro de los 10 días siguientes el Gobernador formulará una terna y la enviará a la consideración del Congreso del Estado;
  3. El Congreso del Estado con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros en el plazo de 10 días;”

De lo anterior se observa que el Congreso tenía un plazo de 40 días para realizar ese proceso de selección; sin embargo, de los 20 destinados para esa finalidad, solo limitó a 8; y para el procedimiento, de 20 dias, solo emplearon 5, esto es, que de los 40 días, ese trámite se realizó en 13; puesto que el Congreso inmediatamente envió la lista de 18 aspirantes al Gobernador, quien a su vez mandó la terna el 10 de mayo; convocando aquél el día 11 a los 3 seleccionados, para que el lunes 14 comparecieran con sus propuestas, votando 1 en contra y 43 diputados a favor del licenciado Jorge Zuriel de los Santos Barila, quien no tiene experiencia en esa institución, sin embargo, el martes 15, se le tomó protesta.

Tan vertiginoso trámite realizado al vapor, del que la Constitución en su artículo 142, señala que enviada la terna, se tiene hasta 10 días para resolver, lo que de ninguna forma debe confundirse con el ordinal 120, del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso, que indica: “Las sesiones ordinarias se verificarán, cuando menos, una vez cada semana,…” “El orden del día de las sesiones, deberá entregarse a los Diputados a más tardar veinticuatro horas antes de la celebración de las mismas”.

Por ello, esa desacertada decisión dual, dada la sorpresiva rapidez, que comprende desde las 3 comparecencias, a la aprobación del favorecido, realizada en 24 horas; tiene las lecturas siguientes:

  1. El incumplimiento de los plazos establecidos por la Constitución local, trastoca los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, probidad y seguridad jurídica, principalmente para los 17 aspirantes distintos al seleccionado;
  2. Se soslayó tomar en cuenta que Jorge Zuriel de los Santos Barila, no ha ejercido actividad en el ramo de la Fiscalía; pero además, se desempeñaba como Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, antes de su registro como aspirante, lo que vulnera la Base Tercera de la Convocatoria (Requisitos de Aspirantes): fracción pues debía contar con conocimientos especializados y con experiencia debidamente comprobados; y VIII. No haber sido titular de ninguna dependencia, entidad organismo de la administración pública estatal; y
  3. Por virtud de que esa mayoría votó a su favor, no se señala el por qué solo uno fue a favor de José Balbuena Herrera, integrante de la terna, que sí cuenta con experiencia en esa dependencia estatal; tampoco es claro el por qué se omitieron valorar la experiencia y perfil para ese encargo de los licenciados Juan Rivera Altamirano, con veinte años de servicio profesional en esa institución ministerial; de J. Isabel Aguario Álvarez y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ambos inclusive con trayectoria como Agentes del Ministerio Público de la Federación, incluso visitador de la CNDH, y visitadora del Poder Judicial del Estado respectivamente; de Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien fue relevado por Olea Peláez; Domingo Martínez Altamirano, quien ha sido Juez Penal, y Victoriano Sánchez Carbajal, ex subsecretario de gobierno, entre otros de los 17 descartados, mismos que rebasan en experiencia al designado.

Así, se establece que ese encargo, se otorgó como pago de los compromisos de campaña de Héctor Astudillo, pues aquel además de que fue asesor de la defensa del voto en su campaña, no tan solo es recomendado por Florencio Salazar Adame, actual Secretario de Gobierno, sino como lo publicó el periódico local El Sur, está apoyado por los juniors Héctor Ricardo Astudillo Calvo, René Juárez Albarrán, Manuel Añorve Aguayo, y Florencio Salazar Albarrán, sin existir aclaración que desmienta.

Sumado, se tiene que Jorge Zuriel mintió al Congreso local, al decir que él ni su familia litiga; sin embargo, ha pertenecido al despacho Jurídico de los Santos y Vela, integrado por él y su suegro Jorge Vela Carbajal, así como al diverso Fernández y de los Santos, incurriendo en falta de credibilidad, lo que lo hace persona no fiable para tan importante encargo.

Con esa decisión, el gobernador hasta donde se sabe, no explicó el criterio de selección que utilizó para dar línea a favor del aludido, pues no se explica de otra forma, como tampoco el motivo por el que marginó a los otros aspirantes con más experiencia; quienes tienen el derecho de recurrir por las instancias legales la nada transparente y errónea imposición.

Por ello, no es raro que el Gobernador, aun siendo licenciado en derecho y de carrera legislativa, junto con el Congreso, incumplan el mandato de la Ley, al integrar organismos supuestamente con carácter autónomos, cuando de designar titulares a modo se trata.

 

Opinión Ciudadana

Por Justo Cortés